Una ordenanza que no debería estar vigente, atrasos en la inversión y problemas legales hacen que los usuarios sean siempre rehenes y que la comunicación, especialmente por Movistar, sea pésima. El crecimiento sostenido de Puerto Madryn ha ido siempre por delante de las inversiones de las empresas de tecnología, en cuanto a comunicaciones se refiere. Así, la proliferación de teléfonos celulares de Movistar, Claro y Personal, y más tarde Nextel, no ha ido acompañada de una mejora sustancial en la calidad del servicio de telefonía móvil. Por el contrario, para los madrynenses es cada vez más difícil comunicarse, especialmente si son abonados de la empresa Movistar (Telefónica de Argentina) y de Personal, que tiene acuerdo con la primera por el uso de las antenas. Ni que hablar si los usuarios necesitan comunicarse desde lugares más alejados, de la Península, o hacia el sur. Es casi imposible, aunque el drama ahora se ha concentrado en la zona urbana.Actualmente en Madryn rige una ordenanza que tomaba como referencia recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de fines de los años ‘90 para que no hubiese antenas de telefonía celular a menos de 600 metros de zonas residenciales. Hablamos, claro, de las antenas de entonces. Pero desde aquellos años es mucho lo que ha avanzado la tecnología de la comunicación, y aquella recomendación ya no resulta útil. Basta con que las antenas tengan la potencia adecuada para que los campos que generan no pongan en riesgo la salud, y el control de ello es resorte de cada Estado. No habría hoy telefonía celular en el mundo ni comunicaciones móviles con los parámetros del año 2000. Ya un informe del año 2007 de la OSM advertía que era imposible relacionar estas emisiones con efectos negativos para la salud. Y la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina informó entonces que en el país, las empresas cumplen con los cánones internacionales marcados por la OMS. Además, advertía que “para que la telefonía llegue a cada uno de sus usuarios las compañías deben construir y operar redes cuya infraestructura está conformada esencialmente por antenas. Sin las antenas no existe otra forma de satisfacer la conectividad y tener a los clientes comunicados a toda hora y en todo lugar” y que estas “deben estar instaladas precisamente donde están los usuarios, es decir, donde se producen las comunicaciones”.Pero en Madryn, hay una nueva ordenanza esperando despachos de comisión, que derogue la vieja norma de los 600 metros de distancia hasta las antenas. En tanto, las empresas –especialmente Movistar- no invierten, porque no les resulta de utilidad para el servicio montar antenas donde no hay gente. Hay un problema adicional, en el caso de Movistar. Esta empresa ha tenido que recurrir a la justicia para ingresar a las instalaciones donde tiene colocada una antena céntrica, en los altos de un hotel de la ciudad, porque por un conflicto en cuanto al contrato de servidumbre de paso, han tenido trabas cada vez que quisieron trabajar en esa antena. Desde hace cinco meses los usuarios de Movistar de Puerto Madryn tienen enormes dificultades para comunicarse. Una adecuada y racional gestión política ajustada a las normas internacionales de tecnología y favoreciendo a la vez el desarrollo, reduciría al mínimo estos trastornos. Bastaría con votar una ordenanza moderna y ajustada a la realidad, y luego verificar que las empresas cumplan con las inversiones que Madryn necesita para que el servicio sea el que cada usuario compra.La comunicación es un bien imprescindible para la vida y el desarrollo. Los celulares constituyen la forma de comunicación de casi 3.000 millones de personas en el mundo. El uso de este servicio mejora la calidad de vida de las personas generando oportunidades de desarrollo social y económico. Y contribuye a brindar seguridad personal y familiar. Todo esto parece obvio, pero hay que explicarlo para que quienes deban hacerlo, se ocupen de darle a los vecinos de la ciudad la calidad de comunicación que –es bueno recordar- están pagando.
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